Unimedios / Saltillo
Al manifestar que existen suficientes argumentos constitucionales y
jurídicos en México, la ministra Olga
Sánchez Cordero, indicó que la sociedad debe aceptar el matrimonio gay y la
adopción entre parejas homosexuales, como ya ocurre en el Distrito Federal y en
Oaxaca.
Durante su visita a Saltillo donde ofreció una conferencia sobre el
tema, la funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó en
claro que su postura no tiene el afán de dar clases de moral, de ética o
ideología, pues reiteró que la Constitución respalda su dicho.
“El tema es sumamente controversial, es un tema que divide opiniones,
sin embargo yo no vengo a dar clases de moral, ética o ideología es una
conferencia estrictamente constitucional y jurídica”.
Explicó que la acción promovida por el Procurador General de la
República, Arturo Chávez Chávez, ante la suprema corte de justicia en la que
declaró inconstitucional permitir el matrimonio homosexual fue revocada.
“La corte, a través de la argumentación estrictamente constitucional y
jurídica resolvió que la reforma al Código Civil de la Asamblea Legislativa era
una reforma válida, que estaba apegada a la constitución”.
Por lo anterior, la ministra aseguró que existen suficientes
argumentos constitucionales y jurídicos para defender esta postura.
“El tema es sumamente controversial, es un tema que divide opiniones,
sin embargo yo no vengo a dar clases de moral, ética o ideología es una
conferencia estrictamente constitucional y jurídica”.
Mencionó que los mexicanos deberían estar preparados puesto que se
vive en un país democrático y laico que no permite discriminación, inequidad,
exclusión, ni segregación.
“Coahuila siempre ha sido muy avanzado, ha tenido leyes muy avanzadas,
fue el primer estado en cuotas de género, en materia político electoral, el
primero que reguló la ley de voluntad anticipada, la tutela de la propia
incapacidad, es un estado sorprendentemente de avanzada”, destacó.
Sobre el caso de la francesa Florence Cassez a quien la magistrada le
permitió su deportación a su país natal y ante la crítica que ella recibió por
ello, comentó que como jueza se manejan en un marco constitucional.
"Imagínate si nosotros resolviéramos por aplausómetro o por opinión pública, pues no seríamos jueces constitucionales".
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